El contrabando de cigarrillos en Colombia alcanzó su nivel más alto desde 2011, justo cuando el vapeo ya supera al cigarrillo tradicional entre adolescentes

Un mercado ilegal que ya controla casi 4 de cada 10 cigarrillos vendidos

El estudio Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia, elaborado por Invamer para el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND), confirmó una cifra que preocupa tanto a las autoridades fiscales como a los departamentos: durante 2025, la comercialización de cigarrillos ilegales alcanzó el 38% del mercado total, dos puntos porcentuales más que en 2024, según Cambio Colombia. Es decir, de cada 100 cigarrillos vendidos en el país, 38 provienen del contrabando — la cifra más alta registrada desde el año 2011, cuando comenzó el seguimiento sistemático de este indicador.

Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, resumió la magnitud del problema con una frase directa: "aquí hay tres industrias, una criminal que controla el mayor mercado, la ilegalidad que controla el 38 por ciento. Hay otras dos legales y formales que controlan el 62 por ciento. Si usted lo divide el mercado está distribuido en partes casi iguales, pero la industria criminal es la más fuerte". Tavera también advirtió sobre la dificultad de combatir este fenómeno una vez que el producto ya está en circulación: "cuando se tiene que hacer una incautación de una cajetilla, en términos coloquiales, ya perdimos" — insistiendo en que la estrategia más efectiva debe atacar a las estructuras ilegales que introducen estos cigarrillos al país a través de puertos clandestinos, antes de que el producto llegue al consumidor final.

El impacto fiscal: más de 4,8 billones de pesos perdidos en cinco años

Las consecuencias económicas de este mercado ilegal son considerables para las finanzas públicas colombianas. Según El Tiempo, con base en el mismo estudio de la FND e Invamer, en 2025 el país dejó de recaudar alrededor de 1.186 millones de pesos correspondientes al impuesto al consumo de cigarrillos, frente a 1.030 millones de pesos que se habían dejado de recaudar en 2024. La magnitud acumulada del problema es todavía más preocupante: en los últimos cinco años, Colombia dejó de recaudar más de 4,8 billones de pesos por el avance del mercado ilegal — recursos que, según la FND, estaban destinados específicamente a sectores como salud, deporte y educación.

Una geografía muy desigual del contrabando

El fenómeno del contrabando no se distribuye de forma uniforme en el territorio colombiano. Según Portafolio, la Región Caribe concentra la mayor incidencia de cigarrillos ilegales, con departamentos como La Guajira (94%), Cesar (79%), Magdalena (76%), Sucre (72%) y Bolívar (71%) mostrando niveles extremadamente altos de consumo de producto de contrabando. En otras regiones del país, los departamentos con niveles superiores al promedio nacional incluyen Norte de Santander (69%), Antioquia (51%), Chocó (44%) y Tolima (41%). En contraste, en 2025 no se encontró participación de cajetillas ilegales en Casanare, Amazonas ni en Guainía — una diferencia geográfica que el estudio vincula directamente con la cercanía a puertos marítimos y fronteras terrestres porosas, factores estructurales que facilitan el ingreso irregular de mercancía.

El estudio también identificó departamentos que lograron reducir su nivel de consumo ilegal durante 2025, según El Tiempo: Guaviare (-18 puntos porcentuales), Córdoba (-15 puntos), Cauca (-12 puntos), Caquetá (-8 puntos) y Caldas (-6 puntos) — evidencia de que, en algunas regiones específicas, las estrategias de control sí lograron resultados medibles, incluso en un contexto de deterioro generalizado a nivel nacional.

El canal de distribución: la tienda de barrio, protagonista involuntaria

Un dato relevante para entender la magnitud del reto de control es el canal por el cual circula el producto ilegal. Según Portafolio, más del 70% de las cajetillas ilegales se adquieren en tiendas de barrio y minimercados, espacios que hacen parte del comercio cotidiano de millones de colombianos. La venta callejera, los kioscos y algunos puntos mayoristas también aparecen como canales relevantes de distribución, mientras las grandes cadenas de retail tienen una participación marginal en la comercialización de productos ilegales — confirmando que el problema del contrabando de cigarrillos está profundamente entrelazado con el tejido del comercio minorista tradicional colombiano, el mismo canal que documentamos en nuestro análisis sobre tiendas de barrio y retail moderno.

El precio, el factor decisivo para el consumidor

La investigación de Invamer, basada en 3.908 encuestas aplicadas a personas entre 18 y 64 años en zonas urbanas y rurales del país, según Pulzo, reveló que el precio es el factor determinante en la decisión de compra: al preguntar por las tres principales razones para elegir la marca consumida, el 87% de los encuestados respondió que era "la más barata", mientras el 70% mencionó el sabor como factor relevante. Esta preferencia dominante por el precio explica, según los propios analistas del sector, por qué las políticas tributarias sobre el tabaco tienen un efecto ambiguo: mientras buscan desincentivar el consumo mediante mayores precios, también empujan a una porción significativa de consumidores hacia el mercado ilegal, donde el producto es sustancialmente más barato.

Las marcas que dominan el mercado ilegal

El estudio identificó las marcas específicas de mayor presencia dentro del segmento ilegal, según Pulzo: Rumba lidera con el 12,8% del mercado total, seguida por Carnival (6,3%), Marshal (2,1%) y Nashville (1,5%). Un dato adicional revela que el fenómeno sigue evolucionando activamente: apareció una nueva marca en el listado, Cherokee, con una participación del 1,3% — evidencia de que el mercado ilegal no es estático, sino que continuamente incorpora nuevos productos y marcas para eludir controles y mantener su atractivo de precio frente al consumidor.

En cuanto al origen geográfico de los cigarrillos ilegales, el informe identificó una alta diversidad de países de procedencia, entre los que se destacan Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur, Paraguay y China, así como otros orígenes asiáticos — confirmando que el contrabando que llega a Colombia no proviene de un solo origen dominante, sino de una red de suministro internacional diversificada.

La respuesta institucional: incautaciones y programas de formalización

Frente a este panorama, las autoridades colombianas desplegaron distintas estrategias de contención durante 2025. Según El Tiempo, la Policía Fiscal y Aduanera reportó la incautación de 4,5 millones de unidades de cigarrillos durante el año, avaluadas en 15.000 millones de pesos — un volumen que, aunque significativo en términos absolutos, representa una fracción menor frente a la magnitud total del mercado ilegal estimado.

Del lado de la prevención y formalización, Infobae documentó el programa Zonas de Comercio Legal (ZCL), que en su versión 2025 se implementó bajo un formato híbrido: capacitación virtual de 337 comercios antiguos y formación presencial de 738 nuevos tenderos, con contenidos que abarcan normatividad, finanzas, contabilidad, mercadeo, servicio al cliente y reconocimiento de productos legales. El programa tuvo impacto directo en 11 ciudades: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín y su área metropolitana, Montería, Riohacha, Santa Marta y Valledupar — zonas seleccionadas específicamente por concentrar comercio minorista de alto volumen y, simultáneamente, mayores riesgos de contrabando por su cercanía a puertos marítimos y fronteras.

El potencial fiscal si se lograra formalizar el mercado

Un dato revelador del estudio, citado por Infobae, cuantifica el costo de oportunidad fiscal de este fenómeno: si se lograra formalizar completamente el mercado, los impuestos a los cigarrillos aportarían 762.000 millones de pesos adicionales por año, mientras los gravámenes sobre los vapeadores generarían cerca de 309.000 millones de pesos adicionales — cifras que, sumadas, representan más de un billón de pesos anuales en recaudo potencial que hoy se pierde por la informalidad y el contrabando en ambas categorías de productos.

El otro frente: el vapeo ya superó al cigarrillo tradicional entre los jóvenes

Mientras el contrabando de cigarrillos convencionales domina la discusión fiscal, un fenómeno paralelo y quizás más preocupante desde la perspectiva de salud pública se consolidó entre la población más joven del país. Según un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, citado por el Concejo de Bogotá, uno de cada cuatro estudiantes de grados 7° a 11° en Colombia ha probado cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida (24,8%), superando ampliamente el consumo de cigarrillo tradicional entre esa misma población (12%) — es decir, el vapeo ya duplicó al cigarrillo convencional como la forma de consumo de nicotina más probada entre los adolescentes colombianos en edad escolar.

La regulación colombiana: de la Ley 2354 a las nuevas restricciones de 2026

Frente a este panorama, Colombia construyó durante los últimos años un marco regulatorio específico para vapeadores y cigarrillos electrónicos. Según Brigard Urrutia, el 15 de mayo de 2024 fue publicada oficialmente la Ley 2354 de 2024, que regula el uso y venta de estos dispositivos, haciendo extensibles a ellos las implicaciones y limitaciones de la Ley 1335 de 2009, conocida como la Ley Antitabaco. La norma amplió la regulación del consumo, venta, publicidad y promoción no solo de cigarrillos y productos de tabaco tradicionales, sino también de productos que pretendan reemplazar o sustituir un producto de tabaco, incluyendo explícitamente a vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Según RCN Radio, uno de los puntos más importantes de la ley es la prohibición total de venta de estos productos a menores de 18 años, con sanciones económicas, investigaciones administrativas e incluso cierres temporales para los establecimientos comerciales que incumplan esta medida. La normativa también amplió las restricciones de consumo en espacios cerrados y públicos, sujetando a los vapeadores a reglas similares a las del cigarrillo tradicional: no se permite su uso en oficinas y espacios laborales cerrados, transporte público, restaurantes y bares, centros comerciales, instituciones educativas y espacios cerrados de acceso público.

El cumplimiento de la ley, sin embargo, ha sido irregular

Pese a la aprobación de la Ley 2354 en mayo de 2024, un análisis de Salud con Lupa documentó que su cumplimiento efectivo ha sido más lento de lo esperado: aunque desde su aprobación ningún establecimiento podía venderles estos dispositivos a menores, las restricciones a la publicidad —una de las piezas centrales de la ley— solo entraron en vigencia bastante después, un punto que organizaciones de salud pública señalaron como una brecha regulatoria significativa. La ley obligó a empresas que venden estos artefactos, entre las que se cuentan GluCloud, Relx, British American Tobacco y Philip Morris, a eliminar toda publicidad de sus páginas web y redes sociales, además de prohibirles ofrecer sus productos en filas de conciertos, eventos gastronómicos o a la salida de universidades con material publicitario llamativo.

Las multas actualizadas para 2026

Con el ajuste del salario mínimo, las sanciones contempladas en la ley también se actualizaron. Según RCN Radio, con el salario mínimo de 2026 fijado en 1.750.905 pesos, las multas quedaron establecidas de la siguiente manera: la venta de vapeadores a menores puede sancionarse entre 1.750.905 y 5.252.715 pesos, mientras que la publicidad ilegal o promoción indebida puede generar multas desde 3.501.810 pesos hasta más de 525 millones de pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la infracción — un rango de sanciones que refleja la intención del regulador de que las multas más severas realmente disuadan a actores comerciales de mayor escala.

La siguiente ola regulatoria: prohibición de exhibición en puntos de venta

El endurecimiento regulatorio continuó avanzando durante 2026. Según El Colombiano, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó en mayo de 2026 un proyecto de circular que endurece todavía más las reglas de comercialización y publicidad de cigarrillos y vapeadores, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales. Uno de los cambios más relevantes es la prohibición total de exhibir físicamente estos productos en los puntos de venta: según el proyecto, deberán permanecer almacenados en espacios cerrados y fuera de la vista del público, con una prohibición adicional de los sistemas de autoservicio, máquinas expendedoras o dispensadores automáticos.

La propuesta también extiende controles específicos al canal digital: las ventas en línea de cigarrillos electrónicos exigirían doble verificación de edad y validación de identidad en el momento de la entrega a domicilio — un mecanismo diseñado para cerrar una de las vías que, según los reguladores, permitía a menores de edad acceder a estos productos evadiendo los controles presenciales ya establecidos en tiendas físicas.

Esta circular se suma a la Resolución 30838 de 2025, mediante la cual la SIC, como autoridad de protección al consumidor, ya había reglamentado el acceso a la información de las personas consumidoras de cigarrillos, productos de tabaco y los dispositivos necesarios para su funcionamiento — consolidando un marco regulatorio que se ha ido construyendo por capas sucesivas desde 2024.

Qué significa esto para una marca de retail, consumo masivo o salud pública

• La combinación de un mercado ilegal de cigarrillos en máximos históricos (38%) con una regulación de vapeadores cada vez más estricta plantea un riesgo de sustitución cruzada: si el acceso legal a vapeadores se restringe severamente sin atacar simultáneamente el contrabando de cigarrillos tradicionales, existe el riesgo de que parte de la demanda de nicotina se desplace hacia el mercado ilegal ya consolidado, en lugar de reducirse.
• La alta concentración del contrabando en tiendas de barrio (más del 70% de las ventas ilegales) confirma que cualquier estrategia de formalización del comercio minorista colombiano, como el programa Zonas de Comercio Legal, debe considerar el control de productos de tabaco y nicotina como una de sus prioridades centrales, no como un tema secundario.
• El hallazgo de que el vapeo ya superó al cigarrillo tradicional entre adolescentes (24,8% frente a 12%) representa una señal de alerta que trasciende lo puramente comercial: cualquier marca del sector retail, farmacéutico o de salud debería considerar este dato al diseñar políticas internas de venta responsable, incluso más allá de lo estrictamente exigido por la regulación vigente.
• La prohibición de exhibición física y los nuevos controles digitales propuestos por la SIC representan un cambio operativo significativo para tiendas, minimercados y plataformas de comercio electrónico que venden estos productos — un ajuste de punto de venta y de plataforma digital que las empresas del sector deberían empezar a planificar con anticipación, dado el historial de aplicación progresiva que ha caracterizado esta regulación desde 2024.

Fuentes

• Federación Nacional de Departamentos (FND) e Invamer, estudio "Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia" — participación del mercado ilegal, pérdidas fiscales, distribución geográfica y por canal de venta, marcas más consumidas y perfil de decisión de compra del consumidor, vía Portafolio, Cambio Colombia, El Tiempo y Pulzo
• Policía Fiscal y Aduanera de Colombia — incautaciones de cigarrillos ilegales durante 2025, vía El Tiempo
• Infobae — programa Zonas de Comercio Legal (ZCL) y potencial de recaudo fiscal si se formalizara el mercado de cigarrillos y vapeadores
• Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana — prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos y tradicionales entre estudiantes de secundaria en Colombia, vía Concejo de Bogotá
• Congreso de la República de Colombia y Brigard Urrutia — contenido de la Ley 2354 de 2024 sobre regulación de vapeadores y cigarrillos electrónicos
• RCN Radio — sanciones y multas vigentes para 2026 bajo la Ley 2354, y restricciones de consumo en espacios públicos y cerrados
• Salud con Lupa — cumplimiento irregular de las restricciones publicitarias de la Ley 2354 desde su aprobación
• Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) — Resolución 30838 de 2025 y proyecto de circular de mayo de 2026 sobre prohibición de exhibición y nuevos controles digitales para la venta de vapeadores y cigarrillos, vía El Colombiano y Sede Electrónica SIC

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